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La Cรกmara de Casaciรณn Penal rechazรณ todos los planteos realizados por los abogados defensores en el marco del megajuicio que condenรณ al exgobernador Sergio Urribarri a 8 aรฑos de prisiรณn por delitos de corrupciรณn cometidos en la contrataciรณn de pรบblicidad oficial durante su gestiรณn. En consecuencia, las penas contra el exgobernador, su exministro Pedro Bรกez, su cuรฑado Juan Pablo Aguilera y las del resto de los imputados quedaron confirmadas por la Cรกmara compuesta por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo. Las defensas tendrรกn que recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el objetivo de revertir la situaciรณn de los condenados.
Davite, quien presidiรณ la Casaciรณn, enumerรณ uno por uno los rechazos y describiรณ la prueba fundamental por la que el Tribunal de Juicios condenรณ al exgobernador, algunos de sus funcionarios y familiares y allegados que se beneficiaron por el desvรญo de dinero pรบblico. ยซEn la sentencia dictada por el Tribunal estรก correctamente probado que los hechos existieron y que los imputados fueron sus autores y partรญcipesยป, asegurรณ la magistrada.
Las camaristas indicaron ademรกs que los delitos se han constatado ยซcon una cantidad de pruebas pocas veces vista en este tipo de hechosยป. ยซEs tan abundante la prueba que es imposible abordarla en esta reseรฑaยป, agregรณ Davite.
ยซHa quedado demostrado que Urribarri y (Pedro) Bรกez durante su ejercicio de sus cargos, direccionaron contrataciones con los particulares (Juan Pablo) Aguilera, (Germรกn) Buffa, (Jorge) Rodriguez y (Gerardo) Caruso. Como funcionarios pรบblicos manejaron toda la tramitaciรณn entre ellos, para disponer de fondos pรบblicos y usarlos a fines ajenos a la administraciรณn pรบblica. Urribarri y Bรกez tenรญan conocimiento del carรกcter pรบblico de los dineros, de la ilicitud de la decisiรณn que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo asรญ de los fondos para beneficios propios y de terceros. Respecto a los otros imputados (Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi. Corina Cargnel y Gustavo Tamay) se constatรณ el grado de participaciรณn en los delitos y que de distintas maneras colaboraron con las maniobras necesarias para llevarlos a caboยป, aseverรณ Davite.
Las magistradas rechazaron tambiรฉn los planteos de nulidad que buscaban derribar las pruebas fundamentales de la condena: ยซSe ha demostrado que todos esos planteos, cuya finalidad es la exclusiรณn de pruebas que buscan revertir las condenas, han sido aceptadas por el Tribunal de Juicio que considerรณ como prueba legal, obtenida sin violentar garantรญas y mientras pudieron ejercer el derecho a la defensaยป, acotรณ la magistrada. ยซEl tribunal comprobรณ que toda la prueba habรญa ingresado al proceso de manera legal y con control de todas las partesยป, agregรณ Davite. Los abogados de Urribarri, Pedro Bรกez, Juan Pablo Aguilera y compaรฑรญa pretendรญan derribar la prueba planteando el principio de incongruencia. Lo hicieron tanto ante el Tribunal de Juicio como asรญ tambiรฉn ante Casaciรณn.
Pero Casaciรณn tambiรฉn les rechazรณ el planteo de presunta afectaciรณn del principio del juez natural por la intervenciรณn de la Policรญa Federal Argentina (PFA) en los allanamientos a las empresas de Aguilera: ยซQuien dictรณ la รณrden de allanamiento fue el juez de Garantรญas Eduardo Ruhl y cuando un juez natural controla un allamiento las garantรญas estรกn intactas. No cabe lugar a escuchar sospechas por la pertenencia de tal o cual fuerza que ejecute su obra. Juez y policรญa no son conceptos equivalentesยป, asegurรณ Davite. Cabe recordar que el Ministerio Pรบblico Fiscal (MPF) pidiรณ la intervenciรณn de la PFA -avalada por el juez- porque Mauro Urribarri estaba al frente del Ministerio de Gobierno de la provincia y tenรญa a su cargo a la Policรญa de Entre Rรญos (PER).
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Un hecho insรณlito, mientras se desarrollaba uno de los allanamientos, intentaron ยซdescartarยป un disco rรญgo de computadora por la ventana de un baรฑo, el cual contenรญa informaciรณn vital para la causa, pero ยซalgoยป saliรณ mal.
Las defensas tampoco pudieron demostrar que se perdiรณ la cadena de custodia de la prueba fundamental de la causa, el disco rรญgido que pretendieron descartar por los techos de las empresas de calle Racedo y que una vecina puso a disposiciรณn de la investigaciรณn. ยซTodos los actos quedaron registrados y no existiรณ ninguna irregularidadยป, dijo la magistrada.
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En abril del 2022 y tras varios meses de megajuicio, el Tribunal de Juicio condenรณ a 8 aรฑos de cรกrcel e inhabilitaciรณn perpetua para ejercer cargos pรบblicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupciรณn. Al exministro Pedro Bรกez los jueces le dieron 6 aรฑos y medio de prisiรณn. El cuรฑado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 aรฑos y medio de prisiรณn. Tanto Bรกez como Aguilera tambiรฉn fueron inhabilitados para ejercer cargos pรบblicos.
Ademรกs el Tribunal considerรณ la culpabilidad del diseรฑador grรกfico Emiliano Giacopuzzi como partรญcipe secundario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funciรณn pรบblica. Lo condenรณ a 2 aรฑos de ejecuciรณn condicional. A Germรกn Buffa lo declararon partรญcipe necesario de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funciรณn pรบblica y se lo condenรณ a 1 aรฑo y 2 meses de ejecuciรณn condicional. A Gerardo Caruso lo condenaron como partรญcipe necesario de negociaciones incompatibles y peculado y lo condenaron a 3 aรฑos de ejecuciรณn condicional mรกs inhabilitaciรณn absoluta perpetua.
A Corina Cargnel, el tribunal la condenรณ como partรญcipe necesaria de negociaciones incompatibles con ejercicio de funciรณn pรบblica y peculado por la causa imprentas y en la causa parador. Le dieron 3 aรฑos de ejecuciรณn condicional e inhabilitaciรณn absoluta perpetua. A Gustavo Tamay lo encontraron responsable como partรญcipe necesario de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funciรณn pรบblica y lo condenaron a 3 aรฑos de prisiรณn de ejecuciรณn condicional mรกs inhabilitaciรณn absoluta perpetua. Declararon a Luciana Almada partรญcipe necesaria de negociaciones incompatibles y peculado y la condenaron a 2 aรฑos y medio de ejecuciรณn condicional. -de Anรกlisis-
por Marcelo Brignardello

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