Confirman condena a funcionario por médico trucho

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La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó una impugnación extraordinaria presentada por los abogados Juan José Buktenica y Gerardo Javier Rivero, defensores de Sergio Andrés Duarte, exdirector del Hospital Justo José de Urquiza, de Federal, y de ese modo dejó firme la condena que le aplicó el 10 de diciembre de 2021  el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. Esa sentencia declaró a Duarte partícipe necesario y penalmente responsable del delito de ejercicio ilegal de la medicina y autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal. Y lo condenó a cumplir la pena de un año y seis meses de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por tres años para el ejercicio de todo cargo público.

Este jueves 9 de noviembre, la Sala Penal negó un recurso de impugnación extraordinaria. En su voto, el vocal Daniel Carubia sostuvo: «En definitiva, considero que estamos frente a un acto jurisdiccional suficientemente motivado y no se advierte que haya existido afectaciones de garantías individuales que permitan cuestionar lo resuelto. El embate recursivo en examen no vence la interpretación del tribunal a quo al tratarse -pese a invocarse una supuesta arbitrariedad- de meras reediciones de planteos precedentes que, en lo sustancial, se constatan suficientemente respondidos tanto por el Tribunal de Juicio como por la
Casación, blandiendo la defensa recurrente sólo su disconformidad con la apreciación de la prueba, la determinación de los hechos y la correspondiente calificación jurídica de los mismos, extremos que lucen correctamente fundamentados en la sentencia de mérito y suficientemente revisadas por la Casación con la mayor amplitud que requiere la satisfacción
de la garantía que se ha dado en denominar “doble conforme”, emergente de la norma del art. 8°, inc. 2, ap. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

 

A esa posición se sumó la vocal Claudia Mizawak, en tanto que la ocal Laura Soage se abstuvo.

El caso estalló en 2017. Y se originó por la contratación por parte del Estado de un médico que no tenía matrícula.

El supuesto médico atendió durante los meses de enero y febrero de 2017 en la Guardia de Pediatría del Hospital Justo José de Urquiza, de Federal, y hasta recetó medicamentos.

Aravna Salomon, un ciudadano haitiano que recaló en Federal, empezó a trabajar en el Hospital Justo José de Urquiza, pero sólo después que hubo una denuncia pública por supuesto ejercicio ilegal de la medicina, las autoridades actuaron.

El director Duarte emitió a mediados de marzo de ese año una comunicación interna en la que “aclaró” que el estudiante haitiano no es médico y que por lo tanto no puede atender pacientes ni firmar recetas. A esa comunicación interna, Duarte la dirigió a la responsable de la farmacia del nosocomio, Fernanda Ledesma.

“Ante el requerimiento de la responsable técnica de farmacia de este nosocomio, se informa que el estudiante de medicina Aravna Salomón, no existe resolución interna autorizando al Dr. Salomón a desempeñarse como médico de la institución, existiendo sí una pero con otro caracter y contenido de la que no es pertinente su informe por carecer de fundamentos la solicitud”.

La investigación judicial dejó al entonces director del Hospital Urquiza bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público; el estudiante haitiano, por ejercicio ilegal de la profesión; y al médico Luis Rojo, que “prestó” su matrícula para que Salomon prescribiera medicación a los pacientes, por falsificación de instrumento público.

El médico Martín Ava, a través de su abogado Juan Pablo Passarella, presentó una ampliación de denuncia contra el director y allí dio cuenta que un total de 150 recetas “fueron selladas y firmadas por el Dr Luis O. Rojo”, durante los meses de enero y febrero de 2016, “fecha que este último no se desempeñaba en funciones dentro de esta institución. Resultando un claro acto de falsificación de documento público”.

Esas recetas eran emitidas por Salomon, con el sello aclaratorio de Rojo, según la denuncia.
Pero además, presentó en la Justicia 33 copias de solicitudes de Rayos X pedidas “por el presunto médico Salomon Aravna que se desempeñara en la guardia desde el 28 de enero al 27 de febrero del corriente año”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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