El Gobierno oficializó la intervención de los medios públicos por un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo. La medida, que ya había sido anunciada, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 117/2024.
El decreto de los medios públicos
A través del Decreto N° 70, emitido el 20 de diciembre de 2023, se declaró la emergencia pública en diversas áreas, incluyendo la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La designación de Diego Martin CHAHER como Interventor, con carácter «ad-honorem» para las cuatro entidades, despertó la atención, señalando la importancia de la tarea encomendada. Además, Diego Sebastián MARIAS fue nombrado Interventor Adjunto en las mismas condiciones. Ambos tendrán un papel fundamental en la reestructuración y la toma de decisiones cruciales para las entidades intervenidas.
Las facultades otorgadas a los interventores son amplias y abarcan desde la elaboración de un plan de reformulación hasta la evaluación y modificación de estatutos, régimen de administración de fondos, y estructura orgánica y funcional. También se les autoriza a realizar auditorías integrales sobre el estado de las instalaciones, bienes y servicios de las entidades intervenidas. Se destaca la responsabilidad de presentar la rendición de cuentas y de operar y mantener las sociedades para optimizar la gestión administrativa y hacerlas sustentables.
El artículo 5° del decreto confiere al Interventor facultades exclusivas de representación de las sociedades, subrayando la confianza depositada en la capacidad de liderazgo para llevar a cabo la reorganización eficiente.
Esta intervención no solo afecta a las entidades mencionadas, sino que también implica ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, según lo determine el Jefe de Gabinete de Ministros. Esta acción se presenta como una medida estratégica para atender los requerimientos que surjan como consecuencia de la intervención y garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo una transformación efectiva.
La Ley N° 26.522, que regula los servicios de comunicación audiovisual en toda la República Argentina, fue tenida en cuenta en este proceso de reorganización. El Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023 deroga la Ley N° 20.705 y establece la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, de acuerdo con el régimen de la Ley General de Sociedades.
Se espera que los interventores, con su experiencia y liderazgo, logren implementar las reformas necesarias para optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen estas entidades en el ámbito educativo, de medios de comunicación y producción audiovisual. La emergencia declarada en diciembre de 2023 establece un plazo claro hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el cual se evaluará el impacto de estas intervenciones y se decidirá el próximo paso a seguir.
