Vialidad recibirá más de 3.800 millones para «emparejar” algunos de los caminos rurales de Entre Ríos

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La vaciada y destruida Vialidad recibirá más de 3.800 millones para algunos caminos rurales. Con los caminos provinciales en pésimo estado, la DPV ha venido adquiriendo camiones y maquinarias, que no va a usar y que aún no se ha visto, para capitalizar quizás la posible privatización del organismo encargado de las rutas y caminos de Entre Ríos.

Esta vez, se trata de plata fresca. Nación posibilita que la provincia pueda beneficiarse con un préstamo (otro más) que llega del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF), un organismo del Banco Mundial, que se justifica tras un proyecto de “Riesgo del Sistema Agroindustrial”.

De esta forma, Nación, con su garantía, aprueba el proyecto y envía la plata. En este caso, la iniciativa prevé la “Readecuación de Caminos Rurales” entre la ruta 32 y la 34, en la zona de la localidad de Seguí, en el límite del departamento Paraná y Nogoyá.

El “costo estimado” de la obra, lo que calcularon desde la provincia que costará arreglar un poco esos caminos, es de más de 3.800 millones de pesos (exáctamente $ 3.806.489.241,50 – con centavos y todo), que llegarán a la provincia y los “administrará” Vialidad que, según el convenio será el organismo responsable de que se ejecute el proyecto.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es una cooperativa internacional del Grupo Banco Mundial, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción de los países europeos. Quizás los caminos rurales de la provincia se parezcan a la posguerra y así lograron acceder a semejante suma de dinero para «emparejar” algunos de los caminos rurales de Entre Ríos que, junto con las rutas provinciales, parecen bombardeados, por el pésimo estado en el que se encuentran.

Desde 2015 se licitaron en Entre Ríos diversas obras viales que fueron financiadas con fondos provistos por Nación, pero las certificaciones de obra fueron pagadas fuera de término, habría sido de manera INTENCIONAL para que el Estado desembolse una cargadísima compensación y haya una máxima ganancia entre quienes participaron de esta maniobra, por un lado, las empresas que ejecutaron las obras y sus abogados, y por el otro, los abogados viales y la conducción de la Dirección Provincial de Vialidad.

Comentan que la suma rondaba los DOS MIL MILLONES DE PESOS, que parece no eran suficientes para despabilar al Tribunal de Cuentas que no actuó.

Ahora son más de TRES MIL MILLONES DE PESOS que recibirán los mismos funcionarios para la supuesta «readecuación» de caminos, que recibirá el organismo comandado por Alicia Benítez, la misma cuestionada por la obra pública e imputada en la causa MERCORSUR.

Son miles de millones los que desfilan hacia las cajas de los políticos y funcionarios, para fines personales y electorales, y según comentan, vienen siendo muchos los implicados, lo que hablaría de una clara asociación ilícita con los empresarios de la construcción. Èstos son los que realizaron las obras y se aseguran el beneficio de los pagos engrosados y más licitaciones, a pesar de estar condenados por la Justicia. Una conspiración que abarcaría a las autoridades de los principales organismo encargados de la obra pública como Vialidad y el Ministerio de Planificación, con el visto bueno del gobernador y con la falta de actuación del principal organismo de control de la provincia, el Tribunal de Cuentas.

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