La jueza María Carolina Castagno ordenó a la Policía de Entre Ríos, la inmediata localización y captura del ex comisario y ex empresario de medios Mario René Wolff Furlong, quien está imputado junto a una decena de personas, en una causa por abusos agravado de menores, que integraban el grupo familiar y que se habrían perpetrado en la localidad de Oro Verde, pudo conocer
La decisión de Castagno, vocal de la Sala 1 de la Cámara Primera en lo Criminal de transición, se sustenta en que Wolff Furlong, alias “Nene”, habría violado disposiciones de la excarcelación que se le había concedido en el marco de la causa.
Wolff Furlong, comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, tenía como último domicilio declarado una finca en el barrio Las Acacias de la localidad de Colonia Avellaneda.
En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas por estos hechos. Además de Wolff Furlong, está imputado un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.
Repaso de la causa
Cabe recordar que al cumplirse más de ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana, con un nuevo revés para los acusados, se espera que la causa llegue, finalmente, a juicio. Entre los imputados, se encuentra el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, ligado al negocio televisivo, Mario René Wolff Furlong.
Once ciudadanos, la mayoría oriundos de Oro Verde y otros de Paraná, fueron imputados en 2019, por los presuntos delitos de Corrupción de menores, Abusos sexual simple, Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual agravado contra dos niñas que habrían comenzado cuando las menores tenían 4 y 5 años y un niño, que en ese momento tenía 5 años. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos.
La causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales, en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011, cuando las víctimas eran menores.
Sin embargo, la causa estuvo prácticamente dormida desde 2013 hasta 2017, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.
La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima. Pero, en realidad, encontró que la situación era mucho más amplia, ya que había continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas en los aberrantes actos contra los menores.
En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados.
Los imputados
Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas. Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre las once personas procesadas por estos hechos, se encuentra el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, ligado al negocio televisivo, Mario René Wolff Furlong; un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.
Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Daian Amaro Castro; Natalia Yanina Almeira; María Rosa Abdala; Gladis Schlottahuer; Ana Marina López; y Aldo Ignacio González, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú.
Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.
Rechazo de prescripción
La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad, en junio de 2021, el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer.
El rechazo a la prescripción fue una sentencia unánime que compartieron los tres Vocales de la Cámara de Casación de Paraná: Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.
Uno de los abogados, Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, no pidió la prescripción de la causa y aclaró que fue porque «no lo analicé como viable, al menos ahora».
Sin embargo, la decisión llega tras un pedido realizado en noviembre de 2020 y recién, se conoce en 2021. Incluso, en agosto del año pasado, la querella había manifestado su preocupación por la demora en la elevación a juicio, que había sido solicitada hace un año (mediados de agosto de 2020), por la fiscal del caso Laura Cattáneo.
Llegar a juicio
Ahora, con la confirmación de Casación ahora, solo resta esperar que Tribunales salga de su eterno letargo y logre adaptar una sala a las condiciones que la pandemia requiere para llevar a cabo el juicio. Con las nuevas habilitaciones en la Provincia, es de esperar que esto suceda, pero si se toma en cuenta que la denuncia fue realizada en 2013, la esperanza no sería un concepto que guarde relación con lo sucedido, aunque los acusados, insistieron con la prescripción.
Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.
Argumentos
La sentencia de Casación señala entre sus argumentos que rechazan la prescripción, que la defensa presentó antecedentes “que no resultan aplicables” al caso, puesto que hacen alusión “al pedido de absolución por parte del órgano acusador en la etapa del juicio, instancia ésta a la que aún no se ha arribado”.
Además, Casación volvió sobre la Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas (Ley Piazza) y afirmó: “Hoy existe la certeza de que el derecho al acceso a la justicia para todas las personas menores de edad que desde el 9 de noviembre de 2015, (fecha de entrada en vigencia de la Ley) hayan sido víctimas de abuso sexual, se hará efectivo y el Poder Judicial deberá poner todos sus esfuerzos en realizar la investigación correspondiente, sin la necesidad de transcurrir años dilucidando si la acción penal se encuentra o no prescripta”.
Detalles de los escalofriantes hechos
A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos «preparado» para que sus cuerpos «toleraran» los abusos sexuales a los que luego los sometería.
Preparación
Esas «preparaciones» consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.
Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicitó el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento, les estaba pasando lo mismo.
En fiestas
Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como «observadores» pero luego, ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.
Las «fiestas» y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores (hoy mayores de edad) fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.
Complicidad
Pero los abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños. Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero.
Pruebas
Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Gustavo Maldonado en el pedido de procesamiento: «Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad«.
